De la reforma Constitucional sobre los Derechos Humanos y sus Garantías, y el derecho humano a la cultura.

Publicado en 10 junio, 2011

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Carlos J. Villaseñor Anaya ,
10 de junio del 2011.

Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO PRIMERO Y SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS . (el texto de la reforma y una copia PDF del artículo se localizan en el área multimedia del blog)

Primero que nada quiero pronunciarme expresamente en el sentido de que resulta indudable la trascendencia de esa reforma Constitucional, en tanto que dota de mayor sustento y certidumbre jurídica expresa al respeto, garantía, protección y defensa de los derechos humanos.

Sin demérito de lo anterior, considero que ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y muy especialmente sus respectivas Comisiones de Cultura; perdieron una muy valiosa oportunidad de aportar lo necesario para adicionar expresamente la prohibición de la discriminación por causas culturales (artículo 1º), de incorporar expresamente el derecho humano a la cultura como parte de los objetivos de la educación (artículo 3º) y para establecerlo como elemento indispensable para la reinserción social de los reclusos ( artículo 18º).

Así mismo, me alarma que el derecho humano a la cultura no haya sido considerado como parte de aquellos derechos humanos que, bajo ninguna circunstancia, deberán restringirse o suspenderse (artículo 29º).

Esta omisión puede deberse –la alternativa que se me ocurre es escalofriante– a la ignorancia sobre los alcances que tiene el derecho a la cultura.

A continuación, hago una recopilación de los principales antecedentes jurídico sobre el derecho humano a la cultura, una comparación sobre el contenido de los textos Constitucionales hasta ayer vigentes y aquellos contenidos en el decreto publicado hoy; para concluir con unos breves comentarios. Más que otra cosa, el presente texto busca que tengamos disponible y organizada la información necesaria para abordar el análisis y la discusión de la reforma, en el sector cultural.

1.- Antecedentes jurídicos del derecho humano a la cultura.

En primer lugar considero que vale la pena hacer un breve recorrido sobre las bases jurídicas que nos permiten reafirmar que el derecho humano a la cultura forma parte de nuestro sistema jurídico. Vale la pena retomar los siguientes textos suscritos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República:
Aunque de alcance declarativo, es insoslayable comenzar por considerar el valor moral de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS , adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948; que en su artículo 27 garantiza “a toda persona el derecho a obtener, habida cuenta de la organización del Estado, la satisfacción de sus derechos culturales y a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad.”
Ya con el alcance de un tratado, cito al PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de mayo de 1981; que en su artículo 15, establece que “los Estados Partes en ese pacto, reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural; gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; y que entre las medidas que los Estados deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.”
Así mismo cito la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de enero de 1991; que en su artículo 31, fracción 2, nos dice que: “Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.”
De lo anterior se desprende que México –desde hace mucho tiempo– ha reconocido al derecho a la cultura como parte de los derechos humanos y –en consecuencia—está obligado a la expresa y plena incorporación del derecho a la cultura en la Constitución Federal; y –habida cuenta de la organización de nuestro Estado—a reglamentar lo necesario para garantizar su ejercicio y fomentar el desarrollo cultural.
Si bien es cierto que la Comisión de Cultura de la H. Cámara de Diputados, en su LXI Legislatura, ha convocado a Foros tendientes a la referida reglamentación; hasta la fecha no se tiene noticia cierta de la presentación pública de documento pre-legislativo alguno o –al menos—de la publicación de los avances que se tienen en la elaboración de una iniciativa concreta.
Sin demérito de lo anterior, considero un importante primer avance el que en el año 2008 se haya adicionado el siguiente texto, como parte del artículo 4º Constitucional y –en consecuencia— sea ahora parte del Título Primero, Capítulo I, “De los Derechos Humanos y sus Garantías”: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”
Al respecto, me parece que es indispensable adicionar a ese texto el derecho a la participación cultural. Así también, eliminar la limitación que se refiere a que el acceso garantizado será solamente aquel de acceso a los bienes y servicios que presta el estado en la materia, para extenderlo a un derecho general de acceso; y, evaluar aquellos derechos culturales que –conforme a la realidad social Mexicana—fuere necesario reconocer expresamente con el rango Constitucional de derechos humanos y brindarles las garantías que fueren necesarias para su respeto, garantía, protección y defensa, dentro del Título I, Capítulo Primero “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fuentes de información importantes para conocer los más recientes avances teóricos y jurídicos en la materia, lo pueden ser las recientes Convenciones de la UNESCO en materia de Patrimonio Inmaterial y de Diversidad Cultural ; y la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales, del 2007 . Desde luego, no son las únicas fuentes a las que podemos acudir, pero si las estimo indispensables.
2.- Comparativo de los textos de los artículos reformados, a los que nos hemos referido (1º, 3º, 18º y 29º), tomados de la Constitución vigente al 14 de abril del 2011 y el Decreto de Reforma publicado hoy.
Aunque este ejercicio es tedioso, resulta necesario para efectos de sistematización. Vale la pena conocer los textos vigentes y aquel nuevo aprobado por la reforma. Las modificaciones que he detectado, se hacen constar con color rojo, en el texto correspondiente al de la reforma:
Artículo 1º

REFORMA: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
TEXTO ANTERIOR: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 3o.

REFORMA: La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
TEXTO ANTERIOR: La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Artículo 18º

REFORMA: El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
TEXTO ANTERIOR: El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Artículo 29º

REFORMA: En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.

TEXTO ANTERIOR: En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

3.- Comentario final

a) Primordialmente me parece necesario que quienes conformamos el sector cultural incrementemos nuestro conocimiento de las bases conceptuales y jurídicas que establecen el derecho a la cultura como un derecho humano universal, interdependiente, indivisible y progresivo. No sólo para promover su respeto, garantía, protección y defensa, sino básicamente para comprender ampliamente su papel central en la regeneración de las bases de la cohesión social, la promoción del diálogo intercultural y para ofrecerle a las personas lo necesario para que las puedan inventar nuevas formas de resolución pacífica de las controversias y una mucho más equitativa oportunidad de inserción en las sociedades del conocimiento.

b) En esta época de especial emergencia de nuevas formas de violencia, se hace necesario dejar expresamente asentada la vinculación de la cultura con la finalidad de la educación y como medio para la reinserción social.

c) Las Comisiones de Cultura de ambas Cámaras del Congreso de la Unión deberán asegurarse de que el derecho a la cultura quede expresamente enlistado dentro de aquellos cuto ejercicio no puede restringirse o suspenderse, a efecto de evitar dejar abierto cualquier resquicio que abra espacio a decisiones autoritarias en contra de la libertad de las personas para conformar y expresar su identidad, su forma más acabada de estar en el mundo; así como, para expresarse en lenguajes artísticos, en tiempos de incertidumbre.

Al leer esa omisión en el Decreto, no pude dejar de preguntarme qué hubiera sucedido en la Medellín de los 80´s y 90´s del siglo pasado, si se hubiera restringido o suspendido el pleno ejercicio del derecho a la cultura. De una cosa estoy seguro, como respuesta, y es que Medellín no hubiera alcanzado en tan corto tiempo los resultados de abatimiento a la inseguridad y desarrollo social, en tan poco tiempo.

d) Debemos de estar atentos a rechazar cualquier explicación que pretenda convencernos de que el derecho a la cultura es parte del ejercicio de la educación. Indudablemente que la educación transmite contenidos culturales y artísticos, más no por ello agota por sí misma las posibilidades que tienen las personas para acceder, participar y disfrutar de lo cultural.

e) En un posterior análisis de la reforma y su impacto en el desarrollo cultural, habrá que profundizar más detalladamente en cuanto a sus alcances jurídicos del contenido del segundo párrafo, del nuevo texto de artículo 1º, que a la letra dice “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”, pues faculta expresamente para interpretar las normas relativas al desarrollo cultural, a la luz de los más recientes Tratados de la UNESCO; y, con ello, robustecer la perspectiva de diversidad cultural y de salvaguarda del patrimonio inmaterial, en el diseño y ejecución de las políticas públicas, la asignación de recursos y la evaluación de los programas para el desarrollo cultural nacional.

Queda hasta aquí una primera reflexión sobre el impacto de la reforma publicada el día de hoy, en el desarrollo cultural. Con estas breves líneas no se agota la discusión pero si –es mi mejor deseo– se animará y provocará un amplio intercambio de opiniones. Agradeceré que dirijan sus comentarios a la siguiente dirección electrónica:
culturamexico@prodigy.net.mx

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